En los pasillos del sector corporativo y de administración inmobiliaria de América Latina, el último trimestre de 2026 se respira con un aire de innegable tensión. Los presupuestos se reducen, la inflación no da tregua y las normativas laborales continúan estrechando los márgenes de operación. En este contexto de supervivencia financiera, las empresas y las juntas directivas de las copropiedades se encuentran ante una de las encrucijadas más peligrosas de la década: la tentación de sacrificar la calidad de su seguridad en el altar del recorte de gastos.

Sin embargo, en una industria donde el producto principal es la integridad de la vida y el patrimonio, las decisiones basadas exclusivamente en el ahorro suelen desencadenar tormentas irreparables. La seguridad corporativa y residencial está experimentando una transición turbulenta que amenaza con desplazar a miles de trabajadores, al tiempo que abre la puerta a dinámicas de mercado tóxicas y a un nuevo perfil de criminalidad.

A través del análisis del panorama actual y la experiencia de líderes veteranos del sector, como Carlos Abisambra de la firma Convivamos, se revela una verdad ineludible: en la economía de la protección, lo que se ofrece gratis o a precios irrisorios, siempre lo termina cobrando el crimen.

El ocaso del modelo tradicional y el éxodo laboral

Durante los últimos cuatro años, la dinámica operativa para el sector de administración inmobiliaria y de vigilancia privada en Colombia ha sufrido un atropello sistémico. El ecosistema corporativo ha sido impactado por un tren de políticas que incluyen agresivos incrementos salariales, reformas a los sistemas de pensiones, variaciones en los porcentajes de retenciones tributarias y, de manera más reciente, una reforma laboral que ha disparado los costos de contratación.

Ante esta presión asfixiante, el mercado ha reaccionado de la única forma que los flujos de caja lo permiten. Edificios de apartamentos, fábricas e industrias, incluyendo aquellas situadas en los exclusivos estratos cinco y seis, han optado de manera masiva por la disminución de la vigilancia física, decantándose por las automatizaciones y la tecnología. El impacto macroeconómico de esta decisión es devastador. Según cálculos manejados por las agremiaciones de vigilancia privada, producto de estos cambios laborales abruptos, se proyecta que aproximadamente cien mil personas se quedarán sin trabajo tan solo en este primer año.

El paisaje laboral ha mutado severamente. Copropiedades normales que históricamente contaban con esquemas de tres guardas (una tripleta para cubrir los turnos continuos) y un empleado de servicios de aseo, hoy han reducido su personal presencial al mínimo. Esas cuatro personas se reducen a una sola, que a menudo únicamente asiste en el horario laboral estricto de cuarenta y dos horas semanales. Esta contracción, que en algunos casos permite disminuir las cuotas de administración entre un 30 % y un 45 % (especialmente cuando se recurre a vigilancia ilegal), obliga a los habitantes a asumir un riesgo monumental, empujados por las circunstancias económicas del país.

Aunque desde ciertas esferas gubernamentales pasadas se manipuló la estadística para ocultar los problemas de desempleo en sectores de vigilancia y aseo, la realidad en las calles y en los libros contables de las empresas desmiente dichas cifras. El desempleo es real y tangible, empujado por clientes que exigen reemplazos tecnológicos que sencillamente no pueden costear personal humano permanente.

La falsa promesa de la tecnología “Low Cost”

La transición hacia la tecnología es irreversible y, en muchos sentidos, necesaria. No obstante, el error corporativo más grave es asumir que cualquier equipo electrónico reemplaza el criterio humano. Cuando una copropiedad retira a su personal y deja un equipo de acceso en la puerta, el concepto general de seguridad cambia radicalmente, exigiendo a los residentes participar activamente: vigilar que la puerta cierre, reaccionar a las alarmas y entender que, ante una emergencia, una patrulla de la empresa de seguridad tardará entre 15 y 20 minutos en llegar a auxiliarlos.

Pero el mercado de la tecnología también tiene sus trampas. Muchas administraciones, al cotizar equipos técnicos robustos y debidamente instalados que pueden costar entre 100 y 120 millones de pesos, retroceden asustadas por la inversión. En su lugar, sucumben ante contratistas informales que ofrecen supuestas soluciones equivalentes compradas en plataformas de comercio electrónico como Amazon.

Estos sistemas caseros, aunque encienden y funcionan en teoría, carecen de la infraestructura necesaria para repeler asaltos reales. Frente a esto, el crimen organizado ha demostrado una capacidad de adaptación formidable. Existen delincuentes de “necesidad”, pero también existen ladrones de “profesión”, y estos últimos realizan trabajos de inteligencia avanzados. Ellos observan, analizan e identifican las vulnerabilidades de estas instalaciones. Han descubierto cuáles edificios en estratos altos optaron por tecnologías baratas sin el respaldo de una compañía de seguridad sólida detrás de ellas, y están acechando precisamente esas estructuras para perpetrar sus robos.

La “corrupción legal” y el veneno de la competencia desleal

El escenario se torna aún más oscuro cuando analizamos las dinámicas internas de competencia entre las empresas prestadoras de seguridad. En el pasado, hace cuarenta años, la rentabilidad de administrar y proveer vigilancia a un edificio podía rondar un holgado 30 % o 35 %. Hoy, esa cifra es un espejismo.

En un negocio de servicios, cada empleado funciona conceptualmente como una máquina de producción; sin embargo, a diferencia de una fábrica donde más máquinas equivalen a mayor eficiencia a menor costo, en la seguridad, encarecer al trabajador reduce automáticamente la rentabilidad si el mercado no acepta subir los precios.

Para sobrevivir, una fracción importante de las empresas grandes ha adoptado prácticas que líderes con amplia trayectoria ética, como Carlos Abisambra de la firma Convivamos, tildan sin tapujos como “corrupción dentro de la normatividad”. Estas corporaciones distorsionan el concepto de los “valores agregados” (elementos adicionales que la ley permite dar al cliente a precios de mercado) y entran en un juego depredador: le “compran” el contrato a la junta directiva regalando tres meses de servicio gratuito o servicios de aseo sin costo a cambio de que se les firme una permanencia de tres a cinco años.

La trampa mortal de esta estrategia es el método de financiación. Ese “regalo” que en apariencia le ahorra 30 millones de pesos a una copropiedad, se financia directamente del bolsillo de los trabajadores. Empresas inescrupulosas les pagan a sus guardas entre 300.000 y 400.000 pesos por debajo de lo que estipula la ley. Si un guarda bajo la normatividad actual debería devengar algo más de tres millones de pesos mensuales, en estas empresas termina recibiendo apenas dos millones y medio.

Cuando las juntas directivas aceptan este trato, motivadas por la ceguera del ahorro inmediato y la costumbre de que “lo malo hace carrera rápido”, están metiendo al enemigo en su propia casa.

La infiltración y el costo humano de la deslealtad

El resultado inmediato de robarle el salario al trabajador para financiar el descuento del cliente es una altísima y descontrolada rotación de personal. El guarda, al darse cuenta de que está siendo explotado financieramente, abandona su puesto a los pocos meses para buscar una compañía honesta.

Esta rotación incesante destruye cualquier esquema de seguridad. Las empresas corruptas, desesperadas por cubrir los turnos, empiezan a enviar personal sin hacer los controles de rigor ni investigar los antecedentes de a quién están contratando. Se abren las puertas a individuos que no buscan un trabajo estable, sino una vitrina de inteligencia criminal.

Un guarda de seguridad es una bóveda de información confidencial. Un vigilante sabe exactamente quiénes son los residentes, dónde trabajan, a qué horas salen, a qué colegios van sus hijos, qué tipo de vehículos conducen e incluso dónde hacen el mercado. Cuando un trabajador con malas intenciones, mal pagado y sin arraigo a su empresa accede a esta información, la vende. Los datos fluyen hacia redes de extorsión y bandas delincuenciales. Para cuando la copropiedad o el gerente corporativo nota que su “ahorro” desencadenó robos, extorsiones y terror, ya es demasiado tarde. Lo barato siempre sale caro.

Es aquí donde el valor de la experiencia brilla frente a la competencia desleal. Organizaciones como la que dirige Abisambra —que acumula 35 años en administración y 20 en vigilancia privada— logran esquivar estas catástrofes basándose en un principio simple y contundente: el respeto por la nómina. Pagar el salario exacto, a tiempo, y fomentar un trato personal con los guardas permite consolidar equipos con una antigüedad de 15 a 20 años.

Estos veteranos se convierten en una extensión de la familia corporativa o residencial. Un guarda que lleva años en un puesto conoce a los hijos de los residentes, distingue a los domiciliarios habituales de la zona y verifica minuciosamente a los operarios que toman las lecturas de los servicios públicos. Ese nivel de conocimiento territorial, cruzado hoy con marcaciones digitales y códigos QR gestionados por un jefe de operaciones a través de celulares, garantiza un índice de hurtos supremamente bajo. Los siniestros se reducen a incidentes menores en garajes, no a apartamentos vaciados por bandas organizadas.

El agujero negro del Estado y la crisis de liquidez

Pero los retos de la seguridad no solo provienen de las dinámicas laborales, sino de la salud financiera de sus clientes. Actualmente, el mercado exhibe síntomas graves de falta de liquidez. La tendencia creciente a los procesos de insolvencia de personas naturales, impulsada por el desempleo de profesionales que han perdido sus contratos, golpea duramente la recaudación de las copropiedades.

A esto se suma una alarmante dependencia del endeudamiento: las administraciones han notado cómo los residentes han dejado de pagar sus cuotas por canales de débito directo (PSE) para comenzar a diferir sus pagos con tarjetas de crédito. Este comportamiento es la antesala de la morosidad; tarde o temprano, la tarjeta se satura y el inmueble entra en mora.

Sin embargo, el obstáculo financiero más frustrante es institucional. Una cantidad significativa de inmuebles adquiridos mediante lavado de activos terminan en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Estado. Según la experiencia documentada, la SAE es una entidad supremamente inoperante: no muestra los inmuebles para venta ni para arriendo, y bajo la excusa normativa de que no son productivos, deja de pagar las cuotas de administración durante tres, cuatro o hasta cinco años. El narcotráfico, ahora atomizado en estructuras más pequeñas, inyecta este “cáncer” en las copropiedades, obligando a los residentes honestos a asumir alzas en sus propias cuotas para cubrir el vacío financiero que el mismo Estado perpetúa.

Romper el mito: La vigilancia no es un seguro

En medio de toda esta complejidad, hay una tarea pendiente de educación en el mercado corporativo. Frente a las altas expectativas de los clientes, es vital transparentar la naturaleza jurídica y operativa del servicio. Los líderes con experiencia saben que los contratos de administración y vigilancia son acuerdos de medios y no de resultados.

Cuando ocurre un siniestro importante dentro de una propiedad, muchos gerentes y residentes esperan que la empresa de seguridad responda como si fuera un banco. La realidad es que las pólizas de seguros que protegen a estas compañías no cubren indemnizaciones por pérdida de dinero en efectivo, títulos valores, obras de arte, antigüedades, teléfonos celulares, computadoras ni joyas. Las empresas éticas realizan una pedagogía constante, exigiendo a sus clientes de manera trimestral que adquieran pólizas de seguros privadas y que no dejen la protección de su patrimonio de alto valor exclusivamente en manos del guarda de la entrada.

Estrategias de supervivencia para 2027

Los directivos que hoy navegan el turbulento final de 2026 y diseñan sus presupuestos para 2027 tienen una tarea titánica. Frente a la inflación, los costos laborales y la corrupción del mercado, el modelo de negocio requiere una reingeniería profunda.

La perspectiva futura para las empresas de servicios serias consiste en un ajuste operativo metódico: es imperativo aumentar el volumen del negocio integrando tecnologías híbridas. La solución no es eliminar al humano, sino optimizarlo; contratar perfiles con mayor capacitación que, desde una central de operaciones, vigilen a través de biocitófonos y cámaras a dos, tres o cuatro edificios de manera simultánea. Este modelo logra bajar los costos para el cliente —quizás no al 50 %, pero sí a un respetable 30 %— brindando verdadero respaldo corporativo y rentabilidad sin tener que recurrir al robo salarial.

Para lograrlo, la carga administrativa de las empresas debe congelarse o reducirse, absorbiendo más clientes con la misma infraestructura gerencial. Al final, aquellos líderes que logren sostener la balanza entre innovación tecnológica, liquidez férrea y un respeto absoluto por el talento humano, no solo sobrevivirán, sino que heredarán el mercado que la competencia desleal, irremediablemente, dejará destruido. Y para los clientes, la lección es dura pero necesaria: la paz mental y la verdadera seguridad jamás vendrán incluidas en una oferta que promete meses gratis.

Agradecimientos

Agradecemos la valiosa colaboración de Carlos Abisambra, Gerente General de la empresa Convivamos Ltda. en Colombia, para el desarrollo de este artículo.